“Spain does not have so much power as [to be able] to prevent so much democracy”
Catalan President Carles Puigdemont
On the evening of Monday, May 22, 2017, the Catalan government, represented by its President, Vice-President and Foreign Minister, held a conference at Madrid City Hall to explain what Catalonia wants when she calls for a Referendum.
The event was a perfect mise-en-scène of the political situation in Spain: missing from the auditorium were the Spanish government, along with the self-denominated Constitutionalist parties —the governing Conservative Partido Popular, the Social-Democratic PSOE, and the Liberal Ciudadanos— i.e. those who oppose any prospect of holding a referendum in Catalonia on what form of administration the nation wishes for itself.
Outside were demonstrators calling for the imprisonment of the Catalan leaders and the outlawing of the Catalan pro-independence parties. Most were members of the Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, the party upon which the Franco dictatorship was ideologically buttressed and which, unlike its Italian Fascista and German Nazi brethren, is still legal in Spain.
Those who were present there represent the two earnest vectors of change, the players who are ready to find a way forward for Spain, and not the stonewalling conservatism of the status quo established immediately after the death of the dictator who had vanquished the democratically elected governments of both Spain and Catalonia after the Civil War sparked by the military uprising of General Francisco Franco.
Those who were present at the conference were the two basic proponents of change in Spain: the Catalan movement for a democratic referendum —who are not necessarily pro-independence, about 80% of Catalans want a referendum, although of these many would not vote yes— and Podemos and its associated movements and regional parties. Of these, Pablo Iglesias (the leader of Podemos), Manuela Carmena (Mayor of Madrid), Gerardo Pisarello (Deputy Mayor of Barcelona), along with Spanish business, trades-union and grass-roots leaders, were there to hear the Catalan government have its say in Madrid.
The problem Podemos and their associates have is that they are very unlikely to garner a sufficient majority before the three major so-called Constitutional parties who have no intention of making any real changes to the status quo.
The majority in the Catalan Parliament, which goes from far-left anti-capitalist CUP, through Social-Democrats Esquerra Republicana and Center-Right Liberal PDEcat, to Christian-Democrats Demòcrates, along with a large representation of independents, all back the Catalan government in it's efforts to hold a referendum on the political future of Catalonia.
The head of the Catalan government, President Carles Puigdemont, along with his VP and Economy Minister Oriol Junqueras, and the Foreign Minister Raül Romeva, made it clear at the conference that Catalonia wants a pact with Spain to hold an agreed referendum, an accord on the timing and the question. The conference was held in order to expound Catalonia’s intentions not only in the political sphere, but also among the economic, diplomatic and cultural communities of Spain, as well as for the foreign correspondents who rarely hear the other side of the story as they are usually posted to Madrid. These were present at the conference and they heard more than just the headlines they are bombarded with daily in the anti-Catalan Spanish press and media.
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This is a transcript (in Spanish) of Mr. Puigdemont’s speech.
"Permítanme que empiece mi intervención agradeciendo una vez más su asistencia y dando las gracias, de manera especial, al Ayuntamiento de Madrid y a su alcaldesa, por brindarnos la oportunidad de podernos explicar en este espacio municipal. No tengo ninguna duda que hoy el pueblo de Madrid está muy dignamente representado por su alcaldesa y su actitud de compromiso democrático, que contribuye a las soluciones allá donde otros, que tienen mayor responsabilidad, siembran de problemas el camino que deberíamos recorrer juntos para salir del desencuentro, el desencanto y la desconfianza.
La intención inicial del Gobierno de Catalunya era dirigirnos al conjunto de los españoles en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado, considerando la función de representación territorial que tiene la Cámara Alta, que entendíamos como el escenario adecuado para fomentar el diálogo que debe presidir la acción política. Pero, como conocen ustedes, desgraciadamente no fue posible porque la Mesa del Senado no consideró oportuno que se celebrara en esta institución una conferencia sobre el referéndum de Catalunya. Al parecer se puede pedir el uso del Senado para todo tipo de actividades, incluso privadas, pero no para que el gobierno de Catalunya vaya a explicar qué está pasando, por qué está pasando y qué se propone que pase. No había nada de ilegal ni de ilícito en nuestra solicitud, no hubo ningún informe jurídico en contra de nada. Nos dijeron que el Senado no es para nosotros, que no es nuestro, que lo de la cámara de representación territorial sólo era solo un eslogan.
Fue el enésimo rechazo al diálogo, y seguramente no será el último aunque, ya lo advierto, no van a caber muchos más. Ese rechazo a explicarnos en Madrid desde el Antiguo Salón de Sesiones del Senado es aún más contradictorio si recordamos lo que afirmó con meridiana claridad el ahora presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, durante su intervención en la sesión de investidura después de las segundas elecciones a Cortes, el día 30 de agosto de 2016. Dijo entonces que la cuestión catalana era, y cito textualmente, “el reto más grave que tiene planteado España en estos momentos”. Resulta altamente contradictorio que ante “el reto más grave que tiene planteado España” -lo que pone en evidencia que sí se dan cuenta de la existencia del problema y de su magnitud, cosa que es de agradecer sinceramente- no se permita ni tan sólo hablar -lo que pone en evidencia la irresponsabilidad de no hacer nada serio, sincero y real para abordar el problema.
Los gobernantes, sea al nivel que sea, tenemos la obligación de no mirar a otro lado cuando reconocemos un problema. No hacer nada ante algo que tú mismo identificas como “el reto más grave que tiene planteado España” se puede describir de muchas formas pero no como una actitud responsable. Aunque tus recetas le puedan parecer alejadas a la otra parte del problema, hay que poner encima de la mesa lo que tú consideras que va a ser útil para solucionar tan grave reto.
Desde Catalunya lo hemos hecho, hemos puesto encima de la mesa lo que a nuestro entender va a contribuir a mejorar nuestras relaciones y va a convertir en más eficaz y próspera la necesaria colaboración que debe y deberá existir entre Catalunya y el Estado Español. Respetamos que la otra parte considere justamente lo contrario, pero carece de argumentos sólidos si es incapaz de, una vez reconocido el problema, actuar de otra forma como si ese problema vaya a desaparecer por alguna razón que nadie alcanza a descubrir.
Si para el presidente Rajoy y su Gobierno, así como para las formaciones políticas que le prestaron su apoyo en la investidura (PP, Cs y, hasta ayer al menos, el PSOE), una de las máximas preocupaciones es Catalunya, hoy le invito formalmente a abordarlo con la misma trascendencia y gravedad que conllevan los términos de su declaración del 30 de agosto de 2016.
El pasado viernes, como recordaran todos ustedes, la vicepresidenta del Gobierno español reveló que en el Consejo de Ministros, y también cito textualmente, “se ha analizado en un informe la exigencia del presidente de la Generalitat de negociar la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Catalunya”. Y a continuación me invitaba a proponer ante el Congreso de los Diputados las modificaciones constitucionales necesarias para poder hacer posible tal demanda.
No voy a entrar a detallar todos los argumentos que centenares de juristas y expertos constitucionalistas han expuesto para demostrar que nuestra demanda cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional. Es cierto que también hay juristas y expertos que dicen lo contrario en cuanto a la interpretación constitucional. Sin embargo, son mayoría en uno y otro campo los que señalan que con voluntad política todo es posible. Y ese es el aspecto relevante ante el cual debemos prestar atención. ¿Existe voluntad política para atender la demanda catalana?
Hoy parece, por un lado, que el Gobierno español empieza a describir correctamente de lo que se trata: no se trata de liquidar España ni de negarla. Se trata efectivamente de la autodeterminación de Catalunya, que en ningún caso pretende negar a nadie sino afirmarse a sí misma. Por otro lado, también parece que el gobierno se abre a la posibilidad de negociar el ejercicio al derecho a la autodeterminación de Catalunya si el Congreso avala los cambios necesarios que lo amparen. Un derecho que, por cierto, el Reino de España reconoce y asume a través de la Carta Internacional de Derechos Humanos.
Vuelvo a preguntar: ¿Existe voluntad política para atender la demanda catalana?
Si existe y, por tanto, la propuesta del gobierno no quiere ser ni una trampa ni una invitación a recorrer los mismos caminos ya recorridos por otros (lehendakari Ibarretxe en 2005, representantes del Parlament de Catalunya en 2014), caminos que sólo llevan al fracaso evidente y, a estas alturas, perfectamente innecesario… si existe esa voluntad hay que actuar de manera diferente y sincera. Ir al Congreso sólo como coartada para difuminar ante los observadores internacionales la ausencia de voluntad política del Gobierno del Estado es un error en el cual ya no vamos a participar. La voluntad debe ser sincera; y si la hay, el método debe estar al servicio del objetivo, el método no debe ser ningún problema ni una excusa para encontrar soluciones, como no lo fue hace 40 años para permitir el retorno del exilio del president Tarradellas y la restauración de la Generalitat de Catalunya.
Entonces la actual Constitución aún no existía y la legislación vigente no contemplaba para nada ningún elemento de legitimidad republicana; sin embargo, en reconocimiento a la demanda real del pueblo catalán, el Gobierno de entonces actuó con responsabilidad y no remitió a los que clamaban por el retorno de Tarradellas a comparecer en el Congreso para impulsar las reformas, sino que lideró una solución de Estado que, luego y a través de su incorporación en la Constitución, siguió el curso parlamentario adecuado. Con el real decreto-ley 41/1977 de 29 de septiembre, el presidente Suárez y el jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, dispusieron el restablecimiento provisional de la Generalitat de Catalunya, y vuelvo a citar textualmente porqué me parece relevante en estos momentos para entender que el método está al servicio del objetivo superior, “hasta la entrada en vigor del régimen de autonomía que pueda aprobarse en las Cortes”. Habilitaron la solución, alcanzaron el pacto antes de su debate en el Parlamento puesto que tenían voluntad sincera de acuerdo.
¿Cuándo se presentó en las Cortes la solución definitiva? Después que un acuerdo político liderado entre el Gobierno español y la Generalitat, institución, quiero recordar, aún en el exilio, institución no reconocida por la legalidad vigente en aquel momento, un acuerdo para que se aceptara la demanda catalana para el restablecimiento de lo que en la primera frase del mismo real decreto-ley se define como la “institución secular en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica”.
Es decir, alto y claro: si hay voluntad política, se encuentran los cauces para acordar, a través del sentido de Estado y de una verdadera operación de Estado, las demandas del pueblo catalán pueden ser atendidas.
Si el Gobierno español entiende cuál es su rol y responsabilidad en esos momentos no dudo que encontrará en las Cortes el apoyo necesario para validar los acuerdos a los que llegue con el Gobierno catalán para que se pueda ejercer el derecho a la autodeterminación. Liderado por el Gobierno español, y con el concurso de las fuerzas políticas tanto las que le prestan su apoyo como las de la oposición, un acuerdo de esta naturaleza solo puede salir muy reforzado del Congreso. Y con ello, la democracia española en su conjunto.
Para eso, cuenten con nosotros.
Pero no cuenten para ningún simulacro, ninguna maniobra de dilación ni ninguna escenificación de falsa voluntad de diálogo. Nada que les permita creer que renunciamos a nuestro derecho a la autodeterminación. Trabajemos desde el reconocimiento mutuo y lograremos el mayor avance democrático de las últimas décadas. Pero no engañemos a nadie ni hagamos perder el tiempo a nadie, que ya no nos sobra.
Tal como están las cosas, ¿qué quiere decir y sobre qué hay que dialogar?
Dialogar en política es sentarse en una mesa sin condiciones previas, sin límites, sin tópicos, sin apriorismos y sin reproches. Sin amenazas y sin subterfugios. Hay que dialogar sobre lo importante, sobre lo esencial, sobre lo fundamental. Y creo que un buen comienzo sería compartir la idea que el sentido profundo de la democracia va asociado a una urna; a ofrecer voz y voto al pueblo para que sea él quien decida en última instancia. Deberíamos dialogar sobre ello; es más, deberíamos como mínimo poder dialogar sobre ello sin que nadie tenga que responder ante la justicia por el hecho de proponerlo, ni nadie mandara a la fiscalía investigar ideas. Huir de visiones sacralizantes de los estados y su unidad (ni la del Estado español, ni la del futuro Estado catalán) y acercar estas ideas y los principios sobre los que se fundamenta un Estado, incluso su visión de la unidad, acercar estas ideas y valores a la sociedad a la que sirve. Nada es para siempre, nada es inmutable.
La reclamación de celebración de un referéndum en Catalunya pactado con el Estado español es una apelación constante en los últimos años. No nos rendimos en la exploración del diálogo, porque es aquello que nos exige la mayoría de la población catalana que confió en las fuerzas políticas partidarias del referéndum en las elecciones de setiembre de 2015. Y no nos cansaremos de recordar -hoy, una vez más-, que el verdadero propósito que persigue la mayoría de los catalanes es poder votar, poder expresar su posición sobre el futuro de Catalunya. Unos para decidir la independencia, otros para decidir continuar como una comunidad autónoma del Estado español. La mayoría de los catalanes, también los que no quieren la independencia, esperan ser escuchados y que el gobierno del Estado no les continúe dando la espalda cuando apelan a su responsabilidad para ejercer sus derechos colectivos. Hay también miles de ciudadanos que desearían que el Estado expusiera argumentos legítimamente contrarios a la independencia de Catalunya y no exhibiera todos esos estériles esfuerzos dirigidos a impedir que se pueda votar; maniobras que obstaculizan un derecho democrático que pertenece a todos los ciudadanos catalanes, tanto a los que están a favor de la creación de un estado independiente como de los que no. Miles de catalanes, en resumen, que quieren que el Estado sea parte de la solución y no del problema.
Quizá les sorprenda lo que les voy a contar ahora, pero es la versión palpable con la que se encuentra cualquier observador honesto que se acerque a nuestra realidad: el proceso político catalán se vive cívicamente. Les invitamos a conocerlo de primera mano. No hay la ruptura social que lamentablemente se vende de la mano de esa perversa ingeniería narrativa que tanto daño hace a la democracia. Tampoco hay fugas de empresas en Catalunya, ni perseguimos a nadie por sus ideas, por sus orígenes, por su cultura o por su lengua. Al contrario, Catalunya es hoy un ejemplo de sociedad inclusiva y plural del que nos sentimos muy orgullosos. Una sociedad que, con sus discrepancias y diferencias (por cierto, algo característico de una democracia sana y madura, y que nosotros no percibimos como ningún problema) se ha puesto de acuerdo en resolverlas en las urnas, y se ha puesto de acuerdo en aceptar como no podía ser de otra manera el resultado que de ellas salga. Ese no es el retrato de una sociedad confrontada; es el retrato de una sociedad felizmente discrepante, en ese asunto y en muchos otros, como corresponde a una sociedad democráticamente madura.
A pesar de esta acreditada demanda mayoritaria, sin embargo, hasta la fecha la respuesta siempre ha ido en la misma dirección: deriva centralizadora, incumplimiento de los compromisos adquiridos y judicialización acelerada contra nuestros representantes y nuestras instituciones. Cada semana. E incluso con acciones que van en contra del progreso económico del Estado, como por ejemplo las trabas a la política comercial exterior catalana que ha puesto el Gobierno español en demasiadas ocasiones o las infraestructuras.
El NO a todo es decepcionante. Que las únicas decisiones políticas que haya tomado el Gobierno del Estado en relación con la celebración del referéndum en Catalunya hayan sido perseguir judicialmente a cargos electos (Mas, Rigau, Ortega, Homs, Forcadell, Simó, Coromines, Nuet y Borrás, hasta ahora) es una irresponsabilidad y no acerca ningún acuerdo sino que, justamente, lo aleja.
En los juzgados no se hace política, ni se debería. Negar el carácter político de la demanda catalana y fiarlo todo al trabajo de fiscales y jueces no es la solución sino incrementar el problema.
No pedimos al Estado español que renuncie a sus principios, pero tampoco aceptamos que el Estado español nos obligue a renunciar a los nuestros. Aunque lo intenten, el Estado español no dispone de tanto poder para parar a tanta democracia.
Pedimos lo mismo que expresó en una visita en Girona el 21 de abril de 1990 el entonces príncipe de Girona y hoy jefe del Estado, el rey Felipe VI, cuando afirmó que “la democracia expresa sus proyectos en las urnas”. Cierto. No nos hemos apartado ni un milímetro de esa idea; jamás hemos aceptado ninguna otra formulación de nuestras aspiraciones como nación que no sea a través del ejercicio de la democracia y de la paz.
Los que estamos aquí ante ustedes únicamente deseamos saber qué quieren los catalanes para su futuro, qué desean para sus hijos y para sus nietos; cómo quieren colaborar con sus vecinos y cómo creen que pueden mejorar las relaciones con todo el mundo. Y en democracia la única manera de saberlo no son encuestas ni tan solo unas nuevas elecciones autonómicas sino un referéndum, un referéndum acordado y homologado internacionalmente.
Señoras y señores, no somos ningún desafío; somos los representantes de un pueblo que quiere expresar su futuro en las urnas. No somos ningún soufflé, ni una enfermedad, ni fruto de ningún trastorno emocional. Recogimos la gran frustración del 2010, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional pulverizó el pacto, sí el pacto, que habíamos alcanzado, también, como se nos propone hoy, pasando por el Congreso de los Diputados. El Estatuto de Catalunya fue una propuesta pactada, aprobada y refrendada por mayorías, y aspiraba a convertir a los catalanes en lo que muchas generaciones de catalanismo político habían anhelado, es decir, ciudadanos de primera. Ciudadanos a los que nadie les pediría ya que dejaran de ser catalanes si querían ser tratados igual como los demás ciudadanos del Estado, en todos los aspectos de su vida. En inversiones, en financiación, en cultura, en lengua, en proyección internacional... Eso fracasó, lo sabemos todos. No sé si todos lo lamentan, pero créanme muchos de los que ya éramos independentistas en aquellos momentos aún lamentamos aquel inmenso error.
Pero en aquel momento decidimos algo nuevo; algo para lo que, al parecer, la política española no estaba preparada ni estaba esperando: decidimos dejar de lamentarnos, de negociar compensaciones en aquel mercadeo que tanto nos ha perjudicado para sacar algo de lo perdido, y decidimos decidir. Tomamos conciencia que verdaderamente nunca habíamos pintado nada, sólo habíamos sido un espejismo de utilidad que, en la práctica, siempre favorecía a los mismos y jamás, como se ve dolorosamente hoy, jamás sirvió para acabar con las ineficiencias, el cruce de intereses y el fundamento para la corrupción. En Catalunya y en España.
Por eso, gracias a la decisión que tomamos en 2010, hoy hablamos desde la esperanza y no desde la frustración y el victimismo.
Somos, por tanto, representantes de una corriente de fondo que ha renovado de manera muy profunda el catalanismo mayoritario.
Pero deseamos que el referéndum para Catalunya sea pactado con el Gobierno español. Es la opción más plausible para todos. A imagen y semejanza del Reino Unido y Escocia. Estamos dispuestos a hablar de todo y con todos: la pregunta, la fecha, los requisitos de participación y su validación. Estamos ya sentados en la mesa de negociación y no nos levantaremos sin un acuerdo, si hay voluntad sincera de llegar a él. La oferta de diálogo es permanente.
Sin embargo, también queremos dejar claro que jamás renunciaremos a que los ciudadanos catalanes voten para decidir el futuro político de Catalunya si el Gobierno español sigue empeñado en el NO a todo. A pesar de todos los obstáculos que encontraríamos en ese escenario, no tenemos ningún derecho ni ninguna legitimidad para no cumplir con nuestro mandato, un mandato que fue legítimamente expuesto y avalado en las pasadas elecciones (fíjense, nadie, ningún fiscal ni ningún juzgado nos impidió proponer a nuestros ciudadanos lo que hoy intentamos cumplir).
Llegados a este punto, quiero realizar, con énfasis, con convicción, un llamamiento a la sociedad civil española y al conjunto de las fuerzas políticas para que hagan suya la vía del acuerdo sincero. Tenemos abierta una invitación permanente dirigida a todos aquellos que compartan con nosotros que debemos encontrar respuestas políticas a las demandas que formulamos desde Catalunya.
A propuesta del Parlamento de Catalunya, y con el impulso del Gobierno que presido, el 23 de diciembre del año pasado se constituyó el Pacte Nacional pel Referèndum, que reúne a miles de entidades sociales, económicas, políticas y culturales, con el propósito de instar a los gobiernos de Catalunya y del Estado español a alcanzar finalmente el acuerdo que establezca las condiciones y las garantías justas y necesarias para la celebración del referéndum reconocido por la comunidad internacional, y cuyo resultado habrá de ser políticamente vinculante y efectivo. El pasado viernes los representantes del Pacte Nacional presentaron públicamente medio millón de firmas de apoyo, adhesiones individuales y colectivas recogidas en menos de tres meses de campaña.
Sería sensato no despreciar esa realidad. Porqué es sobre ella y sobre el largo camino recorrido por el Parlament de Catalunya en la defensa del derecho a la autodeterminación que fundamentaremos la propuesta formal que vamos a dirigir de manera inmediata al Gobierno español.
El diálogo se tiene que establecer sin restricciones para poder hablar de la fecha del referéndum: cuándo debería celebrarse y en qué condiciones. Les escucharemos y decidiremos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. Las garantías, no tengan ninguna duda, serán el resultado. La validez la dan los resultados, como ha sucedido en todos los precedentes de referéndums.
El diálogo tiene que servir para definir la pregunta a realizar, una pregunta que no conlleve confusión y que todo el mundo sepa qué significa votar “sí” y qué significa votar “no”.
El diálogo tiene que fijar los resultados para poder considerar válida la respuesta y el compromiso de implementarla. Tiene que fijar, por tanto, un acuerdo sobre la mayoría necesaria y sobre la agenda compartida para corresponder de forma responsable con la decisión de los catalanes.
Esperaremos sus propuestas. Esperaremos porque la democracia española y la catalana se lo merecen. Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga. Pero que no quepa ninguna duda de que, si no se articula una propuesta pactada por ausencia de voluntad del Gobierno español, el compromiso del Gobierno de Catalunya con su pueblo es democráticamente inviolable. Celebraremos el referéndum y será a partir de entonces cuando ofreceremos nuevamente una propuesta de diálogo y de negociación. Pero el objetivo ya no será celebrar el referéndum sino invitar al Estado español a implementar sus resultados y a contribuir a la transición del nuevo Estado catalán, un nuevo Estado que mantendrá los lazos fraternales con España que nadie ni nada podrá seccionar.
Muchas gracias".
